La Empresa Pública en Andalucía.

La viabilidad de la empresa pública ha sido puesta en tela de juicio desde que el estado español se ha visto involucrado de lleno en la economía de libre mercado. Cualquier argumento, por infundado que sea, ha sido válido para imponer en la conciencia de los ciudadanos una imagen sobre lo que, según los lobbys de poder económico, debería ser el concepto de empresa pública. Cualquier flanco y parcela de los medios de comunicación públicos o privados, han lanzado casi como un taciturno intento bien camuflado y diseñado la estética y razón de ser “anticuados” del concepto de compañía estatal. En esa imagen, nunca han faltado los zánganos artistas en el arte del enchufismo, la poca motivación de algo que no tiene una repercusión monetaria inmediata en el trabajador, e incluso defender como factible aquella descarada afirmación en Argentina del “Mandamiento 1 del Decálogo Menemista” que postulaba que –Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del estado-.

Aún asumiendo que la caída del muro de Berlín y de todo el Bloque soviético posiblemente fueran hechos históricos consecuentes con sus propias contradicciones internas, nuestra concepción de la realidad no es que en aquel momento histórico el problema terminara, si no que estaba justamente agravándose.
Las postales de los Berlineses martilleando el muro, aparte de ser quizás el final de una situación absurda, fue la imagen del almanaque perfecto sobre el que la rapacidad de muchas multinacionales iban anotando las fechas de sus pelotazos económicos.
La carrera de sobornos y malas ventas del patrimonio público demostraron que el capitalismo radical más que querer aportar por propia convicción su propio remedio, quiso saquear un estado.

Bastante alejadas de aquellas circunstancias se encuentra la realidad andaluza. Pero no por alejadas podemos eludir una circunstancia común. La cada vez más débil capacidad del estado, o en este caso del Gobierno Andaluz, para poder defender ideológicamente y económicamente las políticas sociales que no para de predicar a los cuatro vientos. Es aquí donde renace de nuevo el concepto de empresa pública y su necesidad en la actual realidad andaluza.

En los recientes gobiernos, sean de un signo político u otro, se han sucedido una cadena de ventas de patrimonio público más que al mejor postor al mejor amigo. Algo que sin duda parece más confuso si se trata de un partido que se hace llamar socialista. Una maquinaria mediática se puso en marcha para convencer a la ciudadanía de que las ventas, totales o parciales, de las empresas que más beneficio producían al estado, eran un avance hacia el futuro en busca del progreso en todas sus dimensiones. El tiempo por si solo, ha sido capaz de mostrar las consecuencias de aquellas acciones irresponsables desde cualquier ideología con un mínimo de respecto por la justicia social.
La sanidad andaluza (aún con muchas mejoras por lograr), parece una especie de espejismo en el desierto que no sabemos hasta cuando podrá perdurar. No brillan ni muchos menos por su calidad los demás servicios públicos como la educación o las atenciones sociales, quizás sostenidas artificialmente por las cotizaciones del boom de la construcción que todos sabíamos que pocas consecuencias positivas iba a tener, sobre todo por su efímera duración, ya predicado por muchos.

El panorama que se avecina parece más sórdido si analizamos las soluciones que el Gobierno Andaluz aporta a la problemática citada. Si hay un déficit desmesurado en S.A.S, rebajan la calidad del servicio y venden indirectamente las ventajas de un seguro sanitario privado. Si no hay financiación, y la poca existente se malgasta para la universidad pública, subamos el precio de las matrículas y defendamos el modelo de universidad autofinanciada con un 30% de intervención privada. Si no hay dinero para la infraestructura pública, promueven las autopistas de peaje. Si las prestaciones sociales de muchas empresas públicas no son rentables, se privatizan, abortando el beneficio social que ello conlleva. Ya se está proclamando la premisa de que los servicios públicos deben salirle gratis al estado.

Desde el BNA defendemos un modelo de empresas públicas, dirigidas desde el Gobierno Andaluz, que debe ser desarrollada en los sectores productivos más relevantes, dígase por ejemplo el de la energía, donde en Andalucía una política energética hacia la sostenibilidad es imprescindible para que el Pueblo Andaluz pueda gozar de un futuro digno y soberano. Nunca los grupos privados de la energía podrán, ni querrán diseñar un panorama energético que respete el Medio Ambiente y la igualdad social, porque simplemente es menos “rentable” económicamente que los modelos actuales.

Más importancia adquiere el asunto si nos volvemos a centrar en el panorama andaluz, donde grandes compañías de estos mismos sectores, fiscalizadas por otros territorios, no reinvierten en nuestra tierra la riqueza obtenida a partir de su actividad económica sobre nosotros.

Nuestro modelo de empresa pública a la vez que moderno, nunca debe olvidar dos factores importantísimos. El primero de ellos es la productividad que nunca debe ir reñida con la segunda, la calidad de las prestaciones y beneficios sociales que generan.

Parte de los ingentes beneficios que producen hoy en día las empresas privatizadas antaño por el estado, como el caso de las telecomunicaciones, podrían ser hoy en día financiación de servicios sociales como la sanidad, educación o gestión de residuos, para que su calidad y su futuro pudieran estar garantizados. Esa es nuestra tarea, que debemos hacer inherente a nuestra política, y nuestro ideal andaluz. Un modelo de financiación estable para que nuestro futuro no esté hipotecado ni en manos de poderes a los que nuestra prosperidad no les interesa. Un soporte económico que garantice y haga efectivas las aspiraciones sociales y de igualdad que el andalucismo lleva defendiendo desde sus orígenes.